La sociedad debe realizar un trabajo sostenido para avanzar en la superación de la violencia y garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres. Para ello actualmente se implementa la Política Pública para la Equidad de Género, que cuenta con un Plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. De manera articulada, las entidades del Estado trabajan para asegurarles a las mujeres el respeto de sus derechos fundamentales.
Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su condición de mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado (Ley 1257, 2008).